Prensa

may 11, 2020
Fuente: paiscircular.cl
Categoría: Homepage

Decreto de Envases y Embalajes: Meta final se aplaza en tres años, se aumenta la gradualidad en metas iniciales y se suma la obligación de incorporar a los recicladores de base


El pasado viernes, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó el decreto final que fija las metas de reciclaje para el sector envases y embalajes de la Ley REP, el primero que afecta a productos de consumo masivo y quizás el de mayor complejidad y alcance. 

Entre las principales modificaciones se encuentra un mayor plazo para llegar a las metas finales, un incremento mucho más gradual de éstas y también de los plazos para completar el 80% de cobertura a los hogares con recolección domiciliaria. En síntesis, la meta final de un 60% de reciclaje ya no está fijada para 2030, sino para 12 años después de que el sistema entre en operación. En contrapartida, se incrementará la infraestructura comunal de reciclaje y acopio para alcanzar al 75% de las comunas del país, y los recicladores de base se anotan un gran triunfo: no solo habrá obligación de incorporarlos en al menos el 50% de los puntos de recolección del país, sino que además se les deberá pagar por el trabajo de recolección -el que hasta hoy hacían gratis- a precio de mercado y por tonelada recogida. Igual que a las empresas.

A casi un año de que se publicara el decreto supremo que establece las metas de reciclaje para el sector envases y embalajes, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó el viernes de manera unánime la propuesta de decreto final presentada por el Ministerio del Medio Ambiente, el que si bien mantiene las metas finales, amplía en tres años el plazo para alcanzarla al incrementar la gradualidad en las metas obligatorias impuestas por año para las cinco categorías de envases y embalajes: cartón para líquidos, metal, papeles y cartones, plástico y vidrio.

Esto tras un período de análisis de las 1.512 observaciones realizadas al proceso de consulta pública del decreto, la que concluyó en agosto pasado tras ser extendida debido a su complejidad y masivo alcance, y a los planteamientos realizados tanto por la industria como por los municipios. “Vimos las obervaciones una a una y revisamos todos los argumentos, lo que nos llevó a realizar nuevas modelaciones de los distintos escenarios, para finalmente llegar a lo que estamos planteando ahora. Realmente le metimos harta cabeza, tiempo, discusión y reuniones adicionales para despejar bien una serie de puntos. En el Consejo de Ministros se aprobó de forma unánime y no hubo reparos, lo que muestra que se trata de una propuesta muy madurada en un tema que sabemos que es complejo”, dice Guillermo González, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente.

Aunque la versión final del decreto aprobada el viernes aún no se conoce, Guillermo González adelanta cuáles son los principales lineamientos del decreto final, el que comenzará a regir una vez publicado en el Diario Oficial, previa tomara de razón por parte de Contraloría.

En cuanto a las metas, el anteproyecto planteaba que estas pasaban de entre un 3% y un 11% -dependiendo de los tipos de envases y embalajes- en el primer año de vigencia, a entre un 16% y un 25% al tercer año. Esto había generado inquietud en la industria, que había argumentado una mayor gradualidad en las metaspara poder contar con la infraestructura necesaria -principalmente para la separación y valorización de los residuos- y una cultura de reciclaje más madura en la ciudadanía.

Al mismo tiempo, el anteproyecto planteaba un plazo de 9 años para alcanzar la meta final propuesta por el ministerio (60% de reciclaje para el cartón para líquidos, 55% para el metal, 70% papeles y cartones, 45% del plástico y 65% del vidrio).

En el decreto definitivo, las metas por tipo de envase planteadas para el tercer año de operación del sistema se deberán alcanzar ahora entre el cuarto y el séptimo año según cada categoría. De la misma manera, la meta final propuesta por el ministerio se establece ahora para el año 12 de operación del sistema.

Es decir, si antes esta meta final estaba planteada para 2030, ahora su horizonte de cumplimiento será el año 2034. Esto porque el año de inicio de las obligaciones también fue modificado: ya no será 2022, sino que empezarán a regir 30 meses después de la publicación del documento en el Diario Oficial, por lo que lo más probable es que su vigencia comience en 2023.

Respecto de los cambios en la gradualidad de las metas incorporados en el decreto final, Guillermo González esto recoge las observaciones planteadas por distintos actores, entre las que está la industria pero también los municipios, quienes habían planteado que se requería de un tiempo mayor para que los vecinos adquirieran una cultura del reciclaje.

“Vamos a avanzar de forma más paulatina durante los primeros años, pero sin renunciar a al objetivo medio ambiental que es la meta final. Llegar a ese momento tres años después nos pareció prudente para asegurar el éxito en la implementación de esta ley”.

¿Es una renuncia a la ambición planteada en el anteproyecto? “No, porque la ambición se mantiene totalmente aunque nos demoremos un poco más”, afirma González. “Es importante dar una señal de largo plazo. Estas cosas toman tiempo, es una transformación logística, pero por sobre todo es una transformación cultural. Nos hacemos cargo de eso, pero sin renunciar a la meta que nos habíamos trazado desde el anteproyecto. Disponer de la infraestructura efectivamente necesita tiempo, y el ir más lento asegura que se vaya desplegando a lo largo del territorio de la forma más eficiente posible, con los menores costos posibles”.

RESIDUOS DOMICILIARIOS: En el decreto final aprobado por el Consejo de Ministros, la fecha para alcanzar las metas finales de recolección de cada categoría de envase y embalaje ya no será 2030, sino el año 12 de operación del sistema. Con esto, se fijó además un incremento más paulatino y gradual de las metas a cumplir cada año por los sistemas de gestión de residuos.

“La experiencia internacional muestra que a medida que uno da más plazo -agrega-, permite que las metas se cumplan de mejor manera porque hay más personas participando. Los municipios también estaban inquietos, porque ellos conocen a sus vecinos y saben que esto toma tiempo, y veían las metas iniciales con inquietud. Recogimos eso, y creo que establecimos un camino que permite dar tranquilidad a todas las partes de que vamos a avanzar, partiendo de forma modesta pero avanzando a paso firme pero para llegar a metas bien ambiciosas. No hay que olvidar que esas metas equivaldrán al 80% de las metas que para entonces tendrá la Unión Europea. Entonces, vamos a terminar en un estándar de país desarrollado”.

Respecto de la modificación en la fecha de inicio de las obligaciones de reciclaje a los sistemas de gestión -de 2022 al nuevo plazo de 30 meses después de publicado el decreto-, esto obedece principalmente a temas procedimentales, ya que se consideran todos los trámites que deberán hacer los sistemas de gestión ante la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y el propio Ministerio del Medio Ambiente, y luego hacer las licitaciones de recolección, almacenamiento y valorización de los residuos, entre otros.

El gran triunfo de los recicladores de base

Uno de los aspectos más destacables del decreto final de metas de recolección y valorización para los envases y embalajes es la inclusión real de los recicladores de base en los sistemas de gestión de reciclaje. Si bien su participación siempre estuvo considerada, el anteproyecto solamente establecía que estos “podrán participar de la gestión de residuos” a través de un “plan de inclusión” de recicladores de base que debía ser presentado por los sistemas de gestión colectivos. En términos simples, ninguna obligación -ni incorporación- concreta.

Para los recicladores de base esto podía ser bueno, o podía ser nada. Y en ese escenario, tanto la presidenta de los recicladores, Soledad Mella, como el histórico dirigente Exequiel Estay -fallecido el año pasado- insistieron en que se plasmaran en el decreto final sus principales demandas históricas. Y se anotaron un triunfo.

El nuevo documento establece la incorporación de un “Plan de Formalización de los Recicladores de Base”, que deberá asegurar, al menos, que un 50% de las instalaciones de recepción y almacenamiento de residuos reciclables manejadas por los sistemas de gestión incorporen a recicladores de base, y que se cree un programa de capacitación para estos.

Pero quizás los más importante es que los sistemas de gestión podrán contratar directamente a los recicladores de base, y si lo hacen, deberán pagarle el precio de mercado por el trabajo de recolección, no solo por la venta del producto que recuperan.

“Este último elemento es fundamental”, dice Guillermo González, “porque es un reclamo histórico de los recicladores de base”.

“Los recicladores de base en Chile, y en la gran mayoría de los países, tienen que ganarse el pan de cada día vendiendo el material. Sin embargo, prestan un servicio fundamental del recolección por el que no se los remunera en absoluto; les estamos diciendo “has esta pega gratis y con la venta de lo que recolectes gánate el pan de tu familia”. En Colombia ya se instauró hace unos años un pago por el servicio, y nosotros estamos haciendo lo mismo. Le decimos al sistema de gestión que si le va a comprar el material a los recicladores de base, tiene que pagarle un precio de mercado no solo por el material, sino por el servicio de recolección”, agrega.

En términos simples, el sistema de gestión deberá pagarle al recolector de base el mismo precio por tonelada de material recuperado que le pagará al servicio de recolección en camiones -por ejemplo- que recogerá los residuos reciclables en los domicilios de los ciudadanos. “Maduró muchísimo más esa parte del decreto. Era un punto, estaba muy genérico, lo revisamos y llegamos a esta conclusión que nos parece muy razonable”, afirma Guillermo González.

“Lo clave aquí es que vamos a tener más de 350 puntos limpios de manera rápida, en un período de cuatro años, que se van a ir instalando y van a estar operados por los sistemas de gestión, con un alto estándar. Con esa población corregida de más de 15 mil habitantes, estamos hablando del 75% de las comunas del país que van a estar dotadas de esta infraestructura en un período rápido de cuatro años”

Guillermo González, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente.

Gradualidad también aplicará a recolección domiciliaria, pero se incrementa instalación de infraestructura

En la misma lógica que con las metas de recolección y valorización de cada una de las categorías de envases y embalajes, también se incrementó la gradualidad en las metas de recolección domiciliaria del material reciclable. Inicialmente, el anteproyecto establecía que al primer año de vigencia (2022) este debía abarcar al menos un 10% de las 6.500.000 viviendas existentes en el país. Es decir, 650 mil viviendas al primero año. Esta cifra se incrementaba en 10 puntos porcentuales hasta llegar a un 85% de estas en 2030, o sea, 5.525.000 hogares.

En decreto final, en cambio, indica que si bien la meta inicial será el mismo 10% de las viviendas, la meta final será de un 80% de estas (5.200.000 hogares) y en un período de 12 años. Al igual que con las metas de recolección, explica González, esto obedece a “la necesidad de dar más tiempo para las coordinaciones y los convenios necesarios con las distintas municipalidades a lo largo del país, porque efectivamente también la recolección puerta a puerta tiene una complejidad, principalmente de coordinación. Nos pareció adecuado tener el mismo horizonte de tiempo de 12 años para alcanzar el 80% de las viviendas”.

Sí habrá, agrega, un incremento en el número de comunas en las que los sistemas de gestión estarán obligados a instalar infraestructura de recepción y almacenamiento de reciclaje. Inicialmente, el anteproyecto establecía que los sistemas de gestión debían instalar y operar al menos uno de estos puntos en todas las comunas que tengan entre 40.000 y 119.999 habitantes. Para las comunas sobre 120.000 habitantes, debían contar con dos de estos puntos, y además sumar a estos otra instalación por cada 80.000 habitantes adicionales en la misma comuna.

Sin embargo, durante el proceso de consulta pública del anteproyecto, muchos municipios -principalmente comunas turísticas- plantearon que si bien su población es reducida, durante el verano esta se multiplica varias veces por la población flotante, por lo que requieren de la infraestructura adecuada para el reciclaje ante ese escenario. El punto fue recogido, por lo que se recalculó su población sumando a la esa población flotante, en lo que denominó “población corregida”, utilizando la misma metodología que aplica e Fondo Común Municipal. También, se llegará a ciudades más pequeñas.

De esta forma, el decreto final exige que al primer año de operación, los sistemas de gestión deberán instalar y operar infraestructura de recolección y almacenamiento de residuos reciclables en todas las comunas que tengan una población corregida -la estable más la estacional- de 250 mil habitantes; al segundo año deberán hacerlo en aquellas con más de 100 mil habitantes, al tercero las que superen los 30 mil habitantes, y al cuarto año las con más de 15 mil habitantes.

“Lo clave aquí es que vamos a tener más de 350 puntos limpios de manera rápida, en un período de cuatro años, que se van a ir instalando y van a estar operados por los sistemas de gestión, con un alto estándar. Con esa población corregida de más de 15 mil habitantes, estamos hablando del 75% de las comunas del país que van a estar dotadas de esta infraestructura en un período rápido de cuatro años”, afirma Guillermo González.

En Chile, cada año se ponen en el mercado 1.256.964 toneladas de envases y embalajes domiciliarios, y solo el 12,5% de ellos se valorizan a través del reciclaje. A nivel industrial, se producen 825.432 toneladas anuales, de las cuales se valoriza un 49%. Hoy el 92% de los municipios del país tienen un déficit presupuestario en la recolección y gestión de residuos, el que suma US$340 millones.

Se suprime la meta general, pero se permite compensar

Otro punto que se modificó es que las metas de recolección y valorización iniciales permitían el cumplimiento de las obligaciones a través de metas generales durante los primeros años, tanto para los residuos domiciliarios como para los residuos industriales. Es decir, lo que no se pudiera cumplir en una de las categorías se podían compensar a través de esa meta general.

Esto se modificó a través de un mecanismo similar pero más simple: las compensaciones entre materiales. ¿Qué significa esto? Que los sistemas de gestión domiciliarios podrán compensar hasta el 50% de la meta de una categoría de residuo específica con cualquier otra categoría de material. Si la meta es 100 toneladas de vidrio, por ejemplo, podrán recuperar 50, y las otras 50 compensarlas con papeles y cartones, o plásticos, o la suma de varias. Para los residuos industriales, esta compensación podrá ser de hasta un 100% de la meta. Eso sí, esta flexibilización solo será posible durante los primeros cuatro años de gestión.

Con todas estas modificaciones, la meta es que en los 12 primeros años de operación del nuevo sistema de recolección y valorización de residuos reciclables basado en la Ley REP se evite el envío a relleno sanitario -o vertederos- de 7,7 millones de toneladas de residuos.

Y con los cambios, también variaron los cálculos de costo eficiencia del sistema: hoy se estima que el costo total de la implementación del sistema será de US$ 2.346 millones, mientras que sus beneficios serían de US$ 2,788 millones. Es decir, un beneficio neto de US$ 442 millones, más del doble que lo que se había calculado para el anteproyecto.

Ahora será el tiempo de la implementación del sistema. “La industria ya ha iniciado el trabajo en este ámbito, y eso es súper importante porque si bien va a tomar dos años y medio desde que se publique el decreto para que entren en funcionamiento los sistemas de gestión, ya se ha iniciado el trabajo en terreno en Providencia, en Quilicura, en Colina, entre otras comunas”, dice Guillermo González.

“Esperamos -agrega- que más de esos proyectos piloto se sigan implementando en los próximos años para mostrar que la Ley REP se hace carne, que los ciudadanos vean que esto es algo concreto que va a ir llegando a todo el país, y porque tenemos que ir aprendiendo. Esto es algo nuevo en muchos sentidos, y es fundamental salir a terreno, trabajar con los vecinos, e ir aprendiendo en comunas lo más diversas posibles para que cuando tengan que empezar a cumplir las metas, la industria tenga mucho más conocimiento de cómo hacerlo”.

Jorge Molina Alomar